Itinerario jurídico

Por: Natale Amprimo Plá
Abogado

La naturaleza jurídica de la PUCP

La PUCP se fundó al amparo de la legislación canónica y con previa autorización del arzobispo de Lima, lo que permitió su denominación. Su carta orgánica se otorgó por escritura pública del 25 de octubre de 1917; es decir, seis meses después de emitido el decreto supremo del 24 de marzo de 1917 que la autorizaba a funcionar y a establecer las facultades de Letras y Jurisprudencia. Su inscripción registral, asi- mismo, se dio en 1937 (esto es, 20 años después de su fundación).

De no ser parte de la Iglesia Católica ¿podía el Estado Peruano autorizarla a funcionar cuando, de forma independiente, no tenía personería jurídica ni inscripción registral ni carta orgánica? Obviamente no. Se la autorizó pues era parte de la Iglesia Católica; no nos olvidemos que la Constitución de entonces precisaba que “la nación profesa la religión católica, apostólica y romana. El Estado la protege”.

Así nace la PUCP, como una persona de derecho eclesiástico, fundada con aprobación del arzobispo de Lima y del episcopado peruano, como lo refleja el padre Jorge Dintilhac en su obra “Cómo nació y se desarrolló la Universidad Católica del Perú-30 años de vida (1917- 1946)”.

Acorde con ello, la PUCP asumió el carácter de “persona moral de derecho eclesiástico”, cuyos bienes, cualquiera sea la forma en que los adquiera, constituyen bienes eclesiásticos. Varios documentos reafirman dicho aserto. Primero, los estatutos aprobados hasta 1965, que dejan expresa constancia del sometimiento de la universidad a las decisiones de la Santa Sede. El artículo 4 del estatuto inscrito en 1956 establecía: “La Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y del Estado Peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende”. Asimismo, el artículo 6 del estatuto inscrito en 1965 precisó: “El Gobierno Supremo de la Universidad compete al Episcopado del Perú y a
la Santa Sede”.

Otro documento que confirma la verdadera naturaleza jurídica de la PUCP es la aprobación por parte del rector del acta de la junta de administración de los bienes de la herencia Riva Agüero del 6 de diciembre de 1957, en la que se compromete a cuidar que se observen las prescripciones del derecho canónico en materia de bienes eclesiásticos. Este hecho también es confirmado por la comunicación del 17 de marzo de 1965, remitida por el rector Mac Gregor al cardenal Landázuri, solicitándole la exclusión de ciertos bienes de la aplicación plena de las disposiciones canónicas sobre el manejo de bienes eclesiásticos.

A partir de 1967 la PUCP modificó su estatuto a espaldas de su institución fundadora, con el objeto de diluir la presencia de la Iglesia, afectando sus legítimos derechos. Como se indica en el decreto recientemente emitido a instancias del papa Benedicto XVI, dichas modificaciones, a la luz del acuerdo vigente entre la Santa Sede y el Perú, son modificaciones ilegítimas y han ocasionado un expolio a la Iglesia.

La PUCP, requerida para corregir su estatuto, jugó a la dilación. No pensaron que hasta en la Santa Sede todo tiene un final. Las “mecidas” pueden tener efecto en nuestro terruño, pero más allá de nuestras fronteras este método de resolver las cosas no pasa de ser considerado como acciones dilatorias, primitivas e inmorales.

Publicado en el diario El Comercio p. A18
Martes, 31 de enero de 2012

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