Carácter eclesial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Por Antonio Belaunde Moreyra

Las autoridades de lo que hasta hace poco fue la Pontificia Universidad Católica del Perú, pretenden sostener que esa universidad nunca fue eclesial ni estuvo sujeta al Derecho Canónico. Tal pretensión es una mentira, falsa de toda falsedad y, felizmente, es muy fácil refutarla.

La Universidad Católica del Perú fue fundada hacia 1917 por la Iglesia Católica, a través del sacerdote y religioso católico padre Jorge Dintilhac, de los Sagrados Corazones, con el propósito de compensar y corregir el laicismo que dominaba en la Universidad de San Marcos y dar a la juventud peruana la oportunidad de formarse intelectualmente bebiendo en las fuentes del pensamiento católico, que son tan ricas y han sido y siguen siendo tan variadas a lo largo de la historia.

Por añadidura, la nueva universidad se alojó en su inicio en la planta baja del Convento de los padres de los Sagrados Corazones, al lado de su iglesia de la Recoleta, en la plaza Francia, cuando el Colegio Recoleta se había trasladado a su nuevo local cito en la esquina de la Av. Uruguay y la Av. Wilson, hoy Garcilaso de la Vega.

Cuando yo ingresé a esa universidad, en 1944, después de dar examen de admisión en San Marcos, seguí los cursos de Letras en el local de la plaza Francia, no sólo los dos años previos al estudio del Derecho, sino los que logré seguir del doctorado.

La Universidad Católica funcionó largos años con medios económicos limitados, hasta que un gran maestro católico y peruanista, don José de la Riva Agüero y Osma, hombre dotado de una gran fortuna la hizo, por disposición testamentaria, su heredera universal con la intención que la universidad siguiera siempre ligada a la Iglesia y al pensamiento católico.

Empero, antes de recordar esto en detalle, conviene tener presente un hecho fundamental y es el siguiente:

Don Manuel González Prada, célebre escritor anticlerical y fino poeta, tuvo una hermana que, a diferencia de él, fue católica creyente, practicante y muy piadosa; y ambos heredaron cierta fortuna. La hermana de don Manuel permaneció soltera y no tuvo herederos forzosos, así que testó a favor del Seminario de Santo Toribio y la Universidad Católica, entiendo en partes iguales. Para que estos bienes y ventas fueran administrados constituyó por testamento una fundación y confió su dirección a tres personajes: un vocal supremo de apellido Portocarrero; un señor Aramburú, si mal no me equivoco de nombre José Félix; y, por último, a don Carlos Arenas Loayza. Estas tres personas manejaban la fundación González Prada a su libre antojo y libertad, no rendían cuenta ni repartían ingreso alguno. Cuando los en principio beneficiarios reclamaban, ellos respondían que todo se iba en gastos de administración. El delito era manifiesto, fuese abuso de autoridad, usurpación de funciones, enriquecimiento indebido o lo que fuere.

Esto lo sé porque mi padre, Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco, era en aquel entonces Prorector de la Universidad Católica, y naturalmente estaba indignado y de eso se hablaba mucho en la mesa y sobremesas de mi casa.

Lástima que los personajes mencionados se las arreglaban para que el derecho común nacional no pusiera coto a su alevosa ventaja. Dada esta inoperancia del derecho común interno, mi padre pensó que el remedio debía encontrarse en el Derecho Canónico y para tal fin se entrevistó con monseñor Lituma, quien era entonces un canonista de prestigio. Este distinguido canónigo lo escuchó, estudió el caso y pronto le dijo: hay un remedio en la más alta sanción prevista por el derecho de la Iglesia: la excomunión. En efecto, días después, el Cardenal Juan Gualberto Guevara, Arzobispo de Lima y primado del Perú, dirigió una carta abierta a los susodichos conminándoles a presentar sus cuentas, so pena de ser excomulgados. El efecto de esta medida fue fulminante: los tres personajes renunciaron a su posición en la Fundación González Prada.

La situación actual no es exactamente la misma en todos sus detalles de la que prevaleció entonces, pero sí lo es en lo esencial, o sea el carácter eclesial de la PUCP y su sometimiento al Derecho Canónico.

Las desnaturalizadas autoridades que pretenden negarlo cometen, a mi entender, dos ilícitos: uno de carácter religioso y el otro de derecho común.

El de carácter religioso, creo yo, puede calificarse de apostasía pues a imitación de Julián el apóstata reniega de su pertenencia a la Iglesia católica apostólica y romana y se entregan de nuevo al paganismo. Quizá se deba decir con más precisión al libre pensamiento; claro que yo no creo que los católicos debamos renunciar a la libertad de pensamiento, pero sí creo que debemos inspirar el nuestro en las fuentes reconocidas del pensamiento cristiano.

El segundo ilícito consiste en que la Universidad Católica ha alcanzado su prominente posición dentro de la enseñanza superior en el Perú gracias al legado testamentario que le otorgó Riva Agüero, haciéndola su heredera universal, pero ese acto de voluntad definitivo tuvo una condición y fue que la Universidad Católica permaneciera siempre unida a la Iglesia Católica del Perú y en particular a su primado, el Arzobispo de Lima. Al pretender desconocer esta condición testamentaria, las actuales autoridades de la Universidad Católica cometen un enorme y tremendo latrocinio. Se trata así de pretensiones injustas y antijurídicas que no deben prevalecer. A mí me repugna la idea que la universidad donde estudié y me gradué optando el título de abogado deje de ser católica y por añadidura pontificia. Para que semejante arbitrariedad no prevalezca –pienso– se les debe aplicar a sus actuales rebeldes autoridades el castigo más alto y más contundente que existe dentro de la ley eclesiástica, claro que esta decisión corresponde a una autoridad que tenga la capacidad de tomarla y no a este humilde comentarista.

Yo sólo quiero preparar a la opinión pública para lo que posiblemente haya de tener lugar.

Diario Expreso
Martes, 17 de diciembre de 2013

Deje su comentario

Powered by WordPress