Fanatismo “caviar” insiste en desconocer mandato de Riva Agüero para que arzobispo coadministre la UC

Por Javier Valle Riestra

Se ha publicado en estos días un magnífico trabajo antológico titulado “La Herencia de La Riva Agüero: Que la verdad se haga luz e ilumine sobre las tinieblas”, con prólogo y recopilación de Natale Amprimo Plá, quien oficiara de dialéctico abogado de la causa. El libro tiene dictámenes de profesores peruanos y españoles. Destaca el de Alberto Borea. El hecho concreto es que la demanda de Amparo de la Universidad Católica contra el Arzobispado fue desahuciada por el Tribunal Constitucional, el 17 de marzo del 2010, con la firma de los señores Vergara Gotelli, Calle Hayen, Mesía Ramírez y Álvarez Miranda.

I. Saltemos hacia atrás para entender mejor la causa. La familia de José de la Riva Agüero y Osma, Marqués de Monte Alegre de Aulestia, aparece enclavada en Indoamérica desde la Conquista. Uno de sus antecesores fue Nicolás de Ribera, el Viejo, compañero de Pizarro y primer Alcalde de Lima. Los Riva Agüero con uno u otro apellido, desde los Ribera y los Tello, hasta los Looz-Coswaren de antigua estirpe flamenca, los Riglos y los Osma dejaron su sello en nuestra Historia. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete fue el primer Presidente del Perú, luego de derrocar al triunvirato construido por el Congreso (1823).

Su tesis doctoral “La historia en el Perú” sigue considerándose una marmórea pieza maestra, cien años después. Riva Agüero fue jefe de la generación del novecientos y adalid de esas ideas. Su muerte prematura le impidió coronar su obra y continuar su influencia en los problemas nacionales.

En carta a Luis Alberto Sánchez (1929) le decía: “Mucho más que conservador, que podría significar avenido con lo presente he sido reaccionario, convencido como lo estoy de que, en el decaimiento moral e intelectual del mundo, ha de retrotraerse el ánimo hacia mejores épocas, para hallar ideales sanos y nobles. El tiempo es una superstición. Atendamos a lo bueno; y no a la moda, ni a los caprichos y errores de un período, que podemos reformar.

Ese multimillonario de ultraderecha, ese sarraceno del catolicismo, dejó, en su testamento de 1933, a la Universidad Católica como usufructuaria de su inmensa fortuna precisando que al vigésimo año de su fallecimiento adquiriría la propiedad absoluta. Y ordenó:

1) “Que las enseñanzas de la Universidad, sea cual fuere su forma y extensión, debían ser autorizadas por el superior eclesiástico”.
2) Que sus obras debían ser publicadas previa censura eclesiástica; es decir que condicionó la herencia a la confesionalidad del heredero; y
3) Creó una Junta de Administración Perpetua, formada por el Rector de la PUCP y por el Arzobispado de Lima, señalando que toda decisión sobre los bienes, mandas y encargos le correspondía y que se imponía el voto del último. Otorgó uno de sus cinco testamentos, ya mencionados, en nombre de la Santísima Trinidad.

Como nuestro Cardenal pretendiera ejercitar sus derechos epistolarmente, la Universidad tuvo el desacato de plantearle un impertinente Amparo, acción que no sirve para definir la propiedad. De haber previsto Riva Agüero semejante agravio contra un Príncipe de la Iglesia, jamás habría hecho heredera a la PUCP. La sentencia es adversa a los accionantes. El Tribunal actuó con formación cultural entendiendo que la Pontificia de hoy no es la que conoció Riva Agüero. No puedo llegar al extremo caótico de afirmar que por no subsistir moralmente aquel ente sus bienes deberían pasar a la Universidad Católica de Lovaina y al colegio Pío Latinoamericano de Roma, como lo dispone el testador. Pero sí que debe mantenerse, ad-cautelam, perpetuamente la Junta. Es un centro de estudios antagónico y antipódico con el pensamiento rivagüerista. No es ni conservador ni reaccionario. La UC es una especie de universidad calvinista.

II. Quienes tergiversan el pensamiento testamentario de José de la Riva Agüero, marqués de Monte Alegre de Aulestia, (abogados o neocatólicos expertos en sinagogas y Talmud) no han leído una sola palabra del Maestro. No tienen idea de su monumental “La Historia en el Perú” o de algún párrafo de los XXIII tomos de sus “Obras Completas”. No tienen noción de que es bisnieto del mariscal Riva Agüero (Presidente de la República en 1823) y de la princesa belga de Looz-Coswaren; y que la fortuna proviene por la línea materna de los Osma y Sancho Dávila, “ya que de mi padre, D. José Carlos de la Riva Agüero y Riglos, solo heredé deudas”.

Tuvo una etapa juvenil liberal e incrédula, nietzscheana. Se retractó en su discurso del colegio La Recoleta (1932), dijo: “No es maravilla, pues, que prevaricara escribiendo, en mis tesis y artículos de entonces, contra el catolicismo y el espiritualismo, despropósitos y frases impías, que hoy querría condenar a perpetuo olvido, y borrar y cancelar aun a costa de mi sangre”. Decía que era reaccionario pero no conservador, “convencido como lo estoy de que, en el decaimiento moral e intelectual del mundo, ha de retrotraerse el ánimo hacia mejores épocas, para hallar ideales sanos y nobles”. Siendo ministro de Justicia de Benavides se promulga la ley de divorcio absoluto (1934) y renuncia porque “viene a quebrantar las bases de la familia y a aniquilar los escasos elementos de orden ético que conservábamos”.

Los contrincantes del testador quieren reducir esa Junta al cumplimiento de cuidado de mausoleos, misas rezadas por parientes, una lámpara encendida en la bóveda de los Agüero, donaciones para novenas, etc. No. Ese no era el propósito. Puso como administradora insustituible de sus bienes a una Junta imperecedera. Pregunto: ¿Subsiste doctrinariamente la Universidad Católica, tal como la concibió Riva Agüero? ¡No!

III. El impertinente y empírico Amparo de la Pontificia Universidad Católica (2007) en el que pretendían limitar a D. Walter Arturo Muñoz Cho, en su calidad de miembro de la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, solicitaba que:

a. Se abstenga de intervenir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, en el ejercicio pleno del derecho de propiedad que le corresponde sobre los bienes que ha heredado de don José de la Riva Agüero y Osma, respetando así la voluntad del testador y los acuerdos adoptados por la propia Junta Administradora en su sesión del 13 de julio de 1994, e inhibiéndose de cualquier pretensión para gestionar o administrar los bienes de la PUCP.
b. Se abstenga de pedir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, la revisión del acuerdo de la Junta Administradora del 13 de julio de 1994 que interpretando la voluntad testamentaria de don José de la Riva Agüero y Osma, declaró que los bienes heredados por la PUCP debían ser administrados por ella, correspondiéndole a la Junta únicamente cumplir los encargos y las mandas del testador.

Del itinerario de ese Amparo, que concluyó con la Sentencia del Tribunal Constitucional publicada en abril pasado (Exp. 03347-2009-PA/TC), se advierte que el fallo de primer grado declaró IMPROCEDENTE los dos petitorios formulados en la demanda. Contra esta decisión la PUCP interpuso apelación. La Sala revisora confirmó la apelada. En su resolución final el TC reflexiona y concluye:
“Conforme ha quedado demostrado, de la literalidad de los textos examinados podemos concluir que:

a) Del texto llano y literal de los testamentos de Riva Agüero, no fluye cualquier elemento contradictorio y menos oscuro;
b) Todo indica, sin la menor duda, que el testador conformó una Junta de Administración;
c) Que ella tiene carácter de perpetua e insustituible;
d) Que esta entidad debe administrar todos los bienes que heredó la PUCP, incluyendo las mandas y otros encargos impuestos legítimamente por el causante”.

Al analizar el testamento de Riva Agüero, señala que existe otro pasaje en el que el testador desliza sus temores y dudas de manera más objetiva respecto a la titularidad de la propiedad: “solo si la Universidad Católica existiera al vigésimo año contado desde el día de mi fallecimiento”.

IV. Respecto a si la Universidad Católica puede recurrir a la jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha concebido expresamente una forma de tutela a las personas jurídicas, colectivas, asociadas, al revés de la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo; sin embargo, existe una jurisprudencia incipiente en ese sentido como en el caso Cantos vs. Argentina en que la Corte amparó al señor José María Cantos, quien desde la década de 1970 amasó una importante fortuna y era dueño de un grupo de empresas en Santiago del Estero, incluyendo un Banco y una radioemisora y que daba empleo a unas setecientas personas.

Al no encontrar amparo a sus reclamos por incumplimiento a indemnizaciones fiscales, luego de juicios por más de veinte años, la Corte Suprema Argentina impuso al conjunto de sus empresas una reparación de costas del juicio la cifra astronómica de ciento cuarenta millones de dólares. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la Queja, basándose en que el señor Cantos planteó una denuncia penal y un amparo en 1972, al inicio de los hechos denunciados, por “derecho propio y en nombre de sus empresas”; la Corte de San José emitió sentencia en el 2002 condenando al Estado argentino, y al absolver las cuestiones preliminares en sus considerandos dijo, apoyándose en la jurisprudencia del caso Baruch Ivcher vs. Perú:

“29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo N° 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos de sujetos en su calidad de accionistas”.
Vale decir que la UC podría recurrir a Costa Rica, pero lo pronosticable es que sufriría un gran revés porque ninguno de los derechos del estatuto de la CIDH le ha sido violado. Y volvamos autocríticamente al Perú para ver las consecuencias del fanatismo. En 1913, en Utawilaya, distrito de Platería, Puno, encontramos a un católico, Manuel Zúñiga Camacho, quien por razones educativas posibilitó el ingreso de los adventistas en Puno. Llegaron Frederick Stahl y su esposa para iniciar su misión.

Tuvieron un colegio con doscientos alumnos y decidieron formar maestros creando la Escuela Normal de Platería. Buscaron un nuevo estilo de vida para las masas indígenas: temperancia; rechazo al alcohol, a la coca, al concubinato; higiene personal; leer y escribir. El feudalismo y el gamonalismo, falsamente católicos, o mejor dicho católicos indignos (los que invocan a Dios para que proteja sus riquezas), tildaron esta labor adventista de subversiva, porque creaba conciencia contra la opresión, y llegaron a decir que si un indio se alfabetizaba debía amputársele las manos o mandarlo al ejército.

El 3 de marzo de 1913, el fanatismo llegó a su clímax. El obispo Valentín Ampuero, dos jueces de Paz de Chucuito y doscientos indígenas embriagados asaltaron la misión adventista y se llevaron a Zúñiga Camacho y a siete campesinos de esa tendencia bíblica. La Corte Superior los liberó y la Suprema confirmó. Todo esto decidió la presentación, por el Senador puneño Severiano Bezada, del proyecto de reforma del Art. 4° de la Constitución de 1860 eliminando la parte intolerante que prohibía el ejercicio público de religiones distintas a la católica.

Ambas Cámaras lo aprobaron en dos legislaturas sucesivas. Cuando ya se había aprobado la reforma en esa sesión, el Diputado por Celendín, presbítero Sánchez Rangel, se precipitó al estrado, cogió la autógrafa de la Ley y la rompió. Sin embargo, el presidente civilista y católico, José Pardo y Barreda, esa misma tarde, sancionó la Ley, la que fue publicada en el Diario Oficial al día siguiente. Que todo esto nos sirva de enmienda. Que el fanatismo caviar reconozca su apocalipsis. Vayamos a la coexistencia, tal como lo quiso Riva Agüero: el Arzobispado y la Universidad. El fanatismo da malas lecciones.

Publicado en el diario La Razón 
Lima, jueves 20 de enero de 2011

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